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CONDENA EN COSTAS Y EXTINCIÓN DE CONDOMINO

Hace unas semanas llegó al despacho un cliente al que le habían notificado una demanda de procedimiento ordinario en virtud de la cual, su hermana, ejercitaba la acción de división de cosa común sobre el inmueble propiedad de nuestro cliente, la demandante y dos hermanos más.

Las llamadas extinciones de condominio son de ese tipo de asuntos donde la defensa se torna muy complicada habida cuenta de las limitadas posibilidades de alegación que la parte demandada puede desplegar en defensa de sus derechos e intereses legítimos, y ello por cuanto que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 400 del Código Civil: “Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común”.

Únicamente podría alegarse, si se diese el supuesto del párrafo segundo del artículo 400 del Código Civil, la existencia de pactos o acuerdos “de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de diez años. Este plazo podrá prorrogarse por nueva convención.”

Sin profundizar más en lo anterior, es objeto de esta entrada la condena en costas en los procedimientos en los que se ejercita la acción de división de cosa común, tomando en consideración que, ejercitada dicha acción, procede el allanamiento a las pretensiones de la demandante salvo que pudiere alegarse la existencia de dicho pacto o acuerdo entre las partes, entonces ¿es un procedimiento abocado a la condena en costas?

El artículo 394 de la LEC establece la imposición de las costas según el principio de vencimiento, así, las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones; ello habrá de colegirse con lo dispuesto en el artículo 395 de la LEC, que establece que en caso de allanamiento no procederá condena en costas salvo que se aprecie temeridad o mala fe y añade que “se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación”.

Expuesto lo anterior, cabría preguntarse si existiendo, como es habitual, un requerimiento previo al demandado mediante burofax y/o cualquier medio que deje constancia fehaciente de la intención del condómino de poner fin a la copropiedad, la interposición del procedimiento judicial conlleva irremediablemente la condena en costas a los demandados.

En este punto resulta interesante el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Córdoba, en su Sentencia 309/2021 de 22 de marzo, que establece los requisitos para que el requerimiento previo pudiere aparejar la condena en costas, siendo que se exige la concreción sobre los elementos necesarios para materializar la pretensión de cosa común:

“Ciertamente, el burofax no constituye un requerimiento en sí más allá de la «invitación» a llegar a un acuerdo que evite la provocación de un pleito dada la voluntad de extinción del condominio. No se plantea en el burofax la forma de proceder a la venta para realizar materialmente la división de la cosa común, ni se invoca la existencia de un posible comprador o de un procedimiento para efectuar la venta. Por lo tanto, esta falta de concreción sobre los elementos necesarios para materializar la pretensión de la división de la cosa común nos lleva a considerar la inexistencia de un requerimiento previo que no hubiera sido atendido y que constituye el presupuesto para la imposición de costas a la parte demandada”.

En el mismo sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Zamora, en su Sentencia 65/2011 de 8 de marzo, que acuerda la improcedencia de la costas a la parte demandada:

“[…] lo cierto es que el requerimiento al se refiere el precepto legal citado debe ser concreto y referirse a los términos de la demanda, es decir no sólo indicar que se pretende llegar a un consenso para la división de los bienes mantenidos en común, sino fijar los términos de la misma”.

Por lo expuesto, si el requerimiento no cumple con los requisitos exigidos, pudiere formularse allanamiento sin temor a la condena en costas.

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