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EL DELITO DE ESTAFA: ¿CUÁNDO UNA DEUDA PUEDE DERIVAR EN UNA CONDENA POR ESTAFA?

Esta semana nos han notificado una sentencia que acordaba absolver a nuestro cliente del delito de estafa por el que había sido acusado.

El supuesto de hecho era el siguiente: nuestro cliente era un trabajador autónomo que se dedicaba a proveer material de construcción. En 2020 y consecuencia de la pandemia, sufrió un grave trastorno depresivo que, entre otras cosas, le llevó a desatender su actividad laboral, dejando un reguero de deudas y ello habida cuenta de la espiral de precariedad económica a la que se vio abocado, consecuencia de la depresión. Uno de sus clientes, a quien adeudaba una cantidad cercana a los 3000,00 euros, consecuencia de un primer pago efectuado por un pedido que finalmente no atendió, decidió denunciar a nuestro cliente, alegando que había sido estafado.

Los elementos que estructuran el delito de estafa, a tenor de las pautas que marcan doctrina y jurisprudencia (entre otras la Sentencia del Tribunal Supremo 465/2012, de 1 de junio) son los siguientes:

1) La utilización de un engaño previo bastante, por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico; se ha de ponderar tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad del sujeto pasivo en el caso concreto.

2) El engaño ha de desencadenar el error del sujeto pasivo de la acción.

3) Debe darse también un acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo, debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero.

4) La conducta engañosa ha de ser ejecutada con dolo y ánimo de lucro.

5) De ella tiene que derivarse un perjuicio para la víctima, perjuicio que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (nexo causal o naturalístico) y materializarse en el mismo el riesgo ilícito que para el patrimonio de la víctima supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva).

En el presente supuesto, los hechos enjuiciados no se subsumen bajo el tipo penal de la estafa. En primer lugar, no existe engaño por cuanto que se trata de una operación comercial, realizada sobre la base de las relaciones comerciales entre ambas partes. Asimismo, se ha de tener en cuenta que nuestro cliente, tal y como se acreditó realizó varias actuaciones tendentes a cumplir con su encargo profesional, inacabado porque tal y como se probó el mismo padecía una profunda depresión que tuvo como consecuencia directa la desatención de su actividad laboral. En suma, a lo largo del procedimiento, no apareció ni un solo indicio sobre el que se sustente la intención de engaño por parte de nuestro cliente.

Procede, en este punto, traer a colación la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil, descansando la distinción entre una y otra figura en la existencia de un engaño inicial que es el causante del incumplimiento contractual. Es decir, debe existir desde el principio, una voluntad de no cumplir. Sin embargo, se crea la ficción exteriorizada de un propósito de cumplimiento.

No acreditada por tanto, la concurrencia de dolo penal, y habida cuenta de los principios que deben regir toda actuación punitiva del estado, se deja expedita parra el denunciante la vía civil en reclamación de la cantidad que proceda, siendo que, se debe recordar que la responsabilidad que asume el obligado al pago de una deuda, es de carácter patrimonial, siendo que los incumplimientos de las obligaciones patrimoniales no pueden ser delito (salvo impagos de pensiones de alimentos).

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