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LA ABOGACÍA ESPAÑOLA RECLAMA UNA SOLUCIÓN A LA HUELGA DE LOS LAJ.

El pasado 24 de enero de 2023, los Letrados de la Administración de Justicia iniciaron una huelga indefinida para reclamar el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Ministerio de Justicia en abril de 2022.

Desde el 24 de enero hasta la fecha, la huelga convocada por el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia ha sido secundada, según las fuentes, por el 84% de los profesionales traduciéndose en la prestación de servicios mínimos, y por consiguiente con la paralización de toda actuación procesal y suspensión de vistas y señalamientos de cualquier naturaleza.

Las consecuencias de esta huelga, que dura ya casi dos meses, están afectando a los operadores jurídicos y a la ciudadanía en general, afectándose la tutela judicial efectiva. Uno de los problemas fundamentales que se producen por esta paralización es la suspensión de los señalamientos sin plazo de preaviso, que nos obliga a preparar señalamientos y, en ocasiones, desplazarnos hasta el Juzgado para encontrarnos con la suspensión in situ y la consecuente dilación en el procedimiento.

Esta situación ha llevado al Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, a reunirse de nuevo y con carácter de urgencia, para abordar la problemática suscitada por la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia. Así, el Consejo General de la Abogacía española, exige a los Letrados y al Ministerio que se intensifique el proceso de negociación, estableciendo un calendario de negociaciones.

Se reclama asimismo por parte del Consejo General de la Abogacía Española, que se supervise por parte del Ministerio de Justicia, el cumplimiento de los servicios mínimos prestados por los Letrados de la Administración de Justicia, y se adopten las medidas oportunas en caso de incumplimiento.  Del mismo modo, la Abogacía exige que se informe con un preaviso de 48 horas de la suspensión de señalamientos y vistas, para evitar así desplazamientos inútiles y pérdida de tiempo en preparación de vistas y señalamientos, y dar seguridad y organización tanto a operadores jurídicos como a ciudadanía.

Se exige, además, que, finalizada la huelga, se fije un calendario y plan de recuperación de la normalidad en la actividad del sector de la justicia, sin que esto suponga el establecimiento de medidas que pudieren afectar desproporcionadamente al sector de la abogacía, y a los operadores jurídicos en general, que se traduzca en la vulneración del derecho de la defensa de la ciudadanía. Por tanto, solicitamos la fijación de un sistema escalonado de notificaciones, y se eviten medidas ineficaces como la habilitación de periodos inhábiles.

Desde la Abogacía, entendemos el ejercicio del legítimo derecho de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, pero invocamos que por ambas partes, Ministerio y cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, se intensifiquen las negociaciones tendentes a alcanzar a un acuerdo pues, los efectos de la huelga nos afectan a todos, operadores jurídicos y ciudadanía, infringiéndose la tutela judicial efectiva con una paralización que se está prolongando en el tiempo sin que se atisben visos de solución por un enquistamiento en las negociaciones.

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